Es necesario reconocer, que si bien es cierto, Judesur es una institución dirigida por seres humanos que pueden errar en sus decisiones, y que, ciertamente lo pudieron haber hecho, también lo es, que son mucho mayores y de mayor satisfacción colectiva, sus afortunadas certezas. Asimismo, en los difíciles tiempos que corren, que no tienen precedentes en la historia contemporánea del país, existen factores exógenos de fuerza desconocida, ajenos a nuestro control, e irresistibles, como la pandemia del coronavirus, que acongoja a la humanidad en general y al pueblo costarricense, en particular, exige la impostergable obligación y el ineludible deber, de adoptar medidas que, aunque respondan al bien común, como preservar la salud pública – de la que todos, y no solamente, algunos requerimos –, podrían resultar  sumamente sorprendentes.

El mundo experimenta una oscura realidad pocas veces vivida, que ha ocasionado variantes sustanciales en las formas tradicionales de convivencia. Modificaciones, que hasta hace poco nos parecían impensables, y que, en una sociedad como la nuestra, históricamente humanitaria y solidaria, podrían parecer contradictorias. Estos aciagos tiempos, que no sería de extrañar, que los lleguemos a llamar, «Era de la Covid-19», traen consigo la obligación de las autoridades, de proteger y salvaguardar a toda costa, bienes jurídicos superiores, en aras de evitar derivaciones y consecuencias de mayores sufrimientos.

Al abrigo del aforismo de un ilustre antepasado nacional, que señalo con tino, “en este país no hay nada más permanente que lo temporal”, la situación de los puestos de ventas informales ubicados a la entrada del DLCG, cuyo conflicto debió ser resuelto pacíficamente y con el concurso proactivo de todas las partes, desde hace muchos años, se postergó de forma absolutamente, impropia. Aunque no debemos, ni podemos negar, que hubo múltiples tentativas – fallidas por razones diversas –, de resolver el conflicto de manera dialogada, serena y sensata.

Pudo haber falta de voluntad de los actores que, de uno y otro lado, forcejearon por sus intereses. No es sino, después de momentos como los vividos durante esta semana, que nos percatamos del verdadero valor que tiene el diálogo y la negociación inteligente y razonable, desprovista de poses dogmáticas, mezquinas o extremas, para resolver conflictos, por pequeños o intrascendentes que éstos puedan parecer. Es aquí donde entendemos, no siempre tardíamente, que un repliegue o una cesión oportuna y estratégica, resulta más conveniente que la fatal consigna de «todo o nada».

Desafortunadamente, por falta de ese buen entendimiento, a todos nos sorprendió un evento carente de sensibilidad, como es el de la COVID-19, cuyo combate se asemeja al de una guerra contra un enemigo cruel, invisible, donde muchas veces, sin que exista ánimo de perjudicar, se lesionan intereses de gente buena y trabajadora, sólo por el hecho de estar en la línea de fuego cruzado con esa especie de enemigo a derrotar. Esta letal enfermedad amenaza todos los días; un día sí, y al otro también, dirigida a la integridad de cada uno de los miembros de nuestro colectivo social.

En este sentido, la aparición de un caso positivo, de un funcionario del Ministerio de Hacienda, trasladó el fragor de esa ruda batalla al escenario del DLCG, viéndose JUDESUR de este modo obligado a atender responsablemente, las disposiciones de una orden tajante del Ministerio de Salud, que entre sus medidas contemplaba el despeje de todo tipo de obstáculos de la plazoleta ocupada por los vendedores informales, para garantizar un acceso y un adecuado distanciamiento interpersonal, a las instalaciones de este centro comercial y detener la expansión comunitaria.

No fue una medida tomada a la ligera, ni arbitraria, para afectar familias que dependiente de esa informal actividad. No había, en el marco de la inmediatez del ultimátum de las autoridades sanitarias, espacio para procurar soluciones distintas y más deseables; todo por esa incapacidad de no saberse sentar en una mesa de trabajo conjunto, que nos habría ahorrado este lamentable, pero urgente, desenlace.

Ahora bien, conservar el Depósito Libre Comercial de Golfito, es permitirnos todos, la posibilidad de seguir generando oportunidades de desarrollo para la zona. Es lograr que continúe propiciando la construcción de obras de infraestructura comunal, y el impulso de proyectos dinamizadores de la economía regional. Es mantener viva la esperanza de superar en algún momento, los males económicos y sociales que nos aquejan, y, sobre todo, cuando en el horizonte se avizora el gran desafío de enfrentar este estado de grave quebranto y virtual convalecencia en que nos dejará la COVID-19.

La responsabilidad institucional y legal, que le ha dado la Ley a la Junta Directiva de esta institución, y a todos sus funcionarios, es tema que por todos los medios a nuestro alcance, procuraremos cumplir. Este, sin embargo, es un mandamiento que exige la participación consciente de toda la comunidad regional, desde el más humilde de sus individuos y dirigentes, hasta líderes y agentes, del sector empresarial.

También es otra verdad, que no será posible nunca construir un mejor Sur para todos y todas, sin el valioso aporte de los gobiernos locales; sin la generosa ayuda de una invaluable generación –mezcla de juventud, inteligencia, pasión y experiencia– de alcaldes, regidores, concejales y síndicos con genuinos deseos de lograr el bienestar de sus pueblos.

Pues bien, ese es también nuestro anhelo, y si ello es así, nada debe enturbiar y mucho menos, desvanecer el vínculo que nos ata a la misma causa, provocando desunión o disgusto entre nosotros.

Solamente unidos tendremos la fuerza necesaria para tenderle la mano al caído, y lograr entre todos, el ideal del futuro de prosperidad y equidad sostenible, que esta zona está en capacidad de generar para todos sus habitantes.

Edwin Duartes Delgado

Junta Directiva

Presidencia